La Ministra de Educación y portavoz en el Congreso de los Diputados, Isabel Celaá, ha dado marcha atrás con el polémico decreto ley que aprobó a finales de diciembre de 2018. En esta regulación, el Ejecutivo obligaba a las empresas que estuvieran haciendo prácticas curriculares no remuneradas a darles de alta en la Seguridad Social. La medida ha levantado ampollas en varios sectores, tanto en el educativo como en las empresas. Tanto es así que el director del departamento de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, Jordi García, aseguró que la decisión suponía “un incremento de costes” que “puede poner en peligro dichas prácticas”. Por parte de las Universidades ya mostraron su animadversión hacia el decreto ley alegando que ellos no se iban a hacer cargo de los 51 € que había que pagar a las empresas para dar de alta en la seguridad social. Del mismo modo, las corporaciones también alegaron que no se iban a pagar la cantidad establecida. Tras este giro en los acontecimientos, y las críticas que han provocado, el Gobierno se inclina por suprimir los diferentes modelos de cotización que había estipulado en diciembre. Ahora tendrá que enfrentarse a los sindicatos, con quienes ya estuvo en negociaciones para atacar el problema y crear un estatuto del estudiante en prácticas que obligase a las empresas a cotizar por los ellos aunque no estuviesen percibiendo ninguna retribución.
Desde el pasado 1 de enero, las empresas están obligadas a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios que realizan prácticas curriculares según lo ha determinado el Ejecutivo mediante un decreto ley aprobado el pasado 28 de diciembre de 2018. El objetivo de la administración de Pedro Sánchez no es otro que confeccionar una fotografía lo más nítida posible sobre la situación en la que se encuentra este colectivo y terminar con las situaciones irregulares que se producen en algunos centros de trabajo. Hasta ahora, las compañías no estaban obligadas a dar de alta a los becarios universitarios o de FP siempre y cuando fuesen prácticas curriculares sin remuneración mientras que ahora ese matiz desaparece para hacerlo efectivo a todos los estudiantes que hagan prácticas independiente de si perciben una cantidad económica o no. La medida no ha dejado a nadie indiferente y las reacciones se han sucedido desde que el Gobierno comunicase la polémica normativa. Por parte de las universidades y de las empresas critican la medida y afirman que ninguno de los colectivos está dispuesto a asumir el coste de 51 € mensuales por la cotización. En un primer momento, el Gobierno decidió repartir la carga del importe entre los organismos afectados hasta que, a finales de la pasada semana y tras las protestas de las universidades, se decidió que fueran las empresas las encargadas. El director del departamento de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, Jordi García, declaró que “las cotizaciones a la seguridad social van vinculadas al salario en todos los países de la Unión Europea. Esta medida es una perversión del sistema, ya que lo que permite es poder comprar la pensión”. Además, como la función de los estudiantes no es la de trabajar sino la de continuar […]
